La Narcodemocracia en Venezuela Ayer y Hoy

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Ya nos acostumbramos a los términos: «narcodemocracia», «narcodictadura» y «narcochavismo» o por lo menos, esos calificativos no sorprenden a nadie. ¿Qué se puede pensar cuando se lee en las noticias que el ex director y ex subdirector de la Agencia Nacional Antidrogas en Venezuela (ONA), los generales Néstor Reverol y Edylberto Molina (actual agregado militar en Alemania) han sido acusados formalmente por presuntos nexos con el narcotráfico en los Estados Unidos? O, ¿cuando se lee que los ex directores de la inteligencia militar y espionaje civil, los generales Hugo Carvajal y Henry Rangel, están siendo investigados en el exterior por ayudar presuntamente a las FARC-EP a colocar narcóticos en el mercado internacional?

Es que ni siquiera el entorno de la familia presidencial se salva: los dos sobrinos de Nicolás Maduro han confesado pertenecer a una red de narcotráfico. Ahora, la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA por sus siglas en inglés) también ha relacionado al inspector del CICPC y al hermano de Cilia Flores con el caso de los sobrinos. Todas estas acusaciones sugieren – por lo menos – la existencia de una red de narcotráfico institucional en el gobierno venezolano.

En la arena política nacional, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Ramos Allup, entre otros, asegura sin tapujos que en Venezuela hay narcotráfico institucional e impunidad. Nada nuevo para muchos pero, ¿qué significa esto? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuáles son las causas y consecuencias de una narcodemocracia? ¿Desde cuándo tenemos esta farsa? ¿Será la culpa del modelo prohibicionista o es simplemente una guerra mediática imperialista?

En el artículo “El fondo del abismo” de José Vicente Rangel – sin duda uno de los intelectuales más prominentes del proceso “revolucionario” – se ofrecen explicaciones y excusas ante tantos escándalos, las cuales implican una cantidad considerable de conspiraciones internacionales para derrocar gobiernos “antiimperialistas”. Unas ciertas y otras plagadas de especulaciones. Lo anterior es relevante, porque expone la postura no solo del gobierno venezolano, sino también del cubano: “Venezuela es víctima de una guerra no declarada”.

Sin embargo, “cuando el río suena, es porque piedras trae”, reza el refrán popular. El beneficio de la duda se le agota a cualquier gobierno, y el de Maduro no será la excepción. Las detenciones en flagrancia con pasaportes diplomáticos generan desconfianza no sólo en los gobernantes, pero también en el modelo. Los discursos de “la guerra mediática”, “guerra económica” y/o “la guerra contra las drogas”, presentan tanto signos evidentes de desgaste como de contradicción.

El rechazo al intervencionismo estadounidense fue materializado en el 2005 por el ex presidente Hugo Chávez al finalizar la colaboración con el gobierno de los Estados Unidos en su contradictoria política de War on Drugs (Guerra contra las Drogas). Colaboración que había empezado en agosto de 1974 con el establecimiento de la oficina regional de la DEA en Caracas.

En consecuencia, se esperaba un “golpe de timón”, un abrupto cambio de ese modelo catalogado por muchos expertos como “intervencionista”. No obstante, el chavomadurismo prefirió continuar con el status quo de la Guerra contra las Drogas, es decir, con el mismo enfoque reaccionario y militarista, a saber, el de aumentar la participación de las Fuerzas Armadas en labores contra narcóticos y el de incrementar un controversial presupuesto destinado a los militares y sus armamentos.

En la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se puede observar el incremento de competencias en la lucha antidroga: desde intervenir en el narcomenudeo hasta derribar aviones presuntamente vinculados con el narcotráfico. Sin embargo, la militarización de Venezuela nos enfrenta a la paradoja de tener los niveles de criminalidad más altos de la historia y de la región.

A pesar del evidente fracaso de la militarización del país y de la supuesta lucha antidroga, la sociedad venezolana no puede y no quiere imaginarse otra solución a su cercanía al delito, es decir, no terminan de aceptar el fracaso del modelo no solo económico, sino también el prohibicionista, en la política de drogas.

El informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), El Problema de Drogas en las Américas (2013: 7) sugiere que “la legalización podría reducir muchas de las consecuencias negativas que ahora más preocupan a la sociedad, como la violencia, la corrupción y el desorden público de la distribución de drogas; (…) y el encarcelamiento de cientos de miles de delincuentes de drogas de bajo nivel”.

En ese orden de ideas, el Informe Europeo sobre Drogas (2015: 39) de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes resalta la importancia de distinguir entre tres grandes grupos de sustancias: productos de cannabis, diversos estimulantes y drogas opioides. ¿A qué se debe esta aclaratoria? Si bien “la prevalencia del consumo de cannabis es aproximadamente cinco veces superior a la de otras sustancias, (…) el consumo de heroína y otros opioides (…) siguen siendo las drogas asociadas a la mayoría de los casos de morbilidad, mortalidad y coste de tratamiento relacionado con el consumo de drogas en Europa [y el mundo].”

Uruguay ha legalizado la marihuana con fines medicinales y recreativos. Colombia, Chile y México han legalizado o están por legalizar el uso medicinal del cannabis. De igual manera, Canadá ya legalizó el cannabis medicinal y está a punto de legalizar el consumo de marihuana con fines lúdicos. Incluso EE.UU, país promotor del modelo prohibicionista, está experimentando con alternativas antagónicas a su proyecto original.

Aún así, el gobierno madurista celebra 29 años de lucha organizada contra las drogas. En realidad, ¿qué logros se celebran? Casualmente han transcurrido 29 años desde que José Vicente Rangel catalogaba a Venezuela como una “narcodemocracia” e incluso la llamaba “la Venezuela endrogada”. En resumidas cuentas, ¿la narcodemocracia se acabó cuando empezó el chavismo?, o sea, ¿la guerra sucia comenzó cuando el chavismo llegó al poder?

El mismísimo José Vicente Rangel nos ayuda a despejar esa duda de la guerra sucia. Su libro El narcotráfico en la democracia (1988:31), evidencia su doble moral, parcialidad y contradicción al tratar de defender al chavomadurismo:

“La guerra sucia es simplemente cuando los trapos sucios de parte y parte salen a la luz pública. Entonces se asustan y ya se habla de un pacto para impedir que siga la guerra sucia. Yo sí creo que ha habido y hay mucha guerra sucia entre los partidos políticos. Guerra referida al proceso electoral. Pero lo que no podemos llegar a admitir es que cuando comienzan a aparecer evidencias, cuando empiezan a comprobarse informaciones, [¿] eso es guerra sucia [?] Eso es guerra limpia. Todo lo contrario. Porque empieza a relucir la verdad.”

Esas acusaciones durante el gobierno de Jaime Lusinchi (o las denuncias en contra del ex presidente Carlos Andrés Pérez realizadas por el periodista Gustavo Azocar en Los Barones de la Droga, 1994) están, hoy en día más vigentes que nunca, ya que demuestran la pertinencia de la denuncia. De hecho, afirmar que el narcotráfico es “la única organización capaz de alimentar un gasto electoral tan elevado” demuestra la vulnerabilidad y permeabilidad del sistema democrático.

La similitud de la incidencia del narcotráfico en las instituciones democráticas de la IV y V República no es para ignorar. Cualquier parecido con la actualidad no es pura casualidad. En el libro El narcotráfico en la democracia (1988:28) Rangel hace una caravana de denuncias que evidencia la recurrencia de nuestra enfermedad:

“Si nosotros tuviésemos una democracia que funcionara, organismos jurisdiccionales, un estado de derecho que funcionara de verdad, -y ya sabemos que no funciona no sólo con respecto al narcotráfico sino con respecto a muchas otras cosas, a los presos políticos, a la situación de las universidades, de los estudiantes, de los profesores, al desconocimiento de los contratos del estado, en fin, ese desconocimiento permanente, cotidiano del estado de derecho”. (Las negritas son nuestras).

En conclusión, el problema del narcotráfico en Venezuela no se puede resolver al margen de nuestra historia. Depende ahora de los venezolanos marcar el rumbo de su transición, tomando en cuenta las reformas en el continente y el eventual acuerdo de paz en Colombia. Cabe destacar que no se trata de claudicar antes los delincuentes, ni de hacer apología al consumo de drogas, ni mucho menos de rechazar el concepto de una sociedad sana, sino de acabar con la farsa de la supuesta lucha antidroga, que solo beneficia a los populistas, militares y crimen organizado.

5 Comentarios

  1. Lo que más me deja anonadado de todo esto -probablemente debido a mi incapacidad de conciliar lo desvergonzadamente «boleta» que son las narco-operaciones de este gobierno a la par de su fallida política antidrogas- es la ausencia de un escándalo! Nacional! internacional! Subterraneo! Planetario! O sea, de una reacción avasallante de parte de la nación! La falta de clamor en cuanto a las medidas draconianas de castigo por el consumo -de la forma que sea- mientras que el alto mando militar y ejecutivo tienen las manos en la masa pero hasta el codo! Son los jefes mayores del negocio que dicen combatir pues! Esto para no tener ni que hablar acerca de lo inadmisible que es el hecho de que todavia esten alli! Definitivamente debarian; o quitarse la careta -el gobierno- y dejar el libre comercio de las sustancias con la debida permisologia y así al menos con eso figurar entre las naciones de puntera en este ámbito progresista (y sí, así fuese solo en cuanto a eso), o -el pueblo- ayudarles a salir del autobús de un empujón cual gordo atascado en la puerta del colectivo. Sí, se que están en eso… pero, es que no me explico hasta cuando podrá seguir siendo insuficiente tanta desfachatez de su parte! No pueden seguir saliendose can las suyas por mucho más!

  2. La lucha contra las drogas ha sido desde hace bastante tiempo el motor del imperialismo Americano en Latinoamérica. Con o sin razón ha sido la excusa perfecta para intervenir en la región, la mayoría de las veces para salvaguardar otro tipo de intereses, bien políticos o económicos, que en nada tienen que ver con la lucha antidrogas per se.

    La realidad es que muy pocos conocen como funciona la DEA, el mercado de narcóticos americano y en que consiste la famosa cooperación entre países de la región con EEUU en términos de lucha anti-droga y que exactamente quiere decir cuando un país “doesn’t want to cooperate with us anymore”

    La mayoría de lo que suelo leer con respecto al tema es o blanco o negro, no precisamente porque venga de una u otra posición política. La falta de algún matiz es debido a esta ignorancia acerca de cómo funciona todo esto.

    La realidad es que los EEUU pudieran mitigar enormemente el problema de la droga (el problema, no el consumo) mañana mismo si quisieran pero están embarcados en una calle que ya está más que demostrado que no tiene salida puramente porque luego la pueden utilizar como arma arrojadiza. El problema de la droga es un problema político. Geopolítico mas bien. Es una cuestión de poder, en este caso imperial.

    Dada la criminalización de la industria por la mayor potencia del mundo, y la enorme rentabilidad que esta tiene, ésta solo se podía llenar de criminales y maleantes. Y por supuesto que en Venezuela, donde el narcotráfico ya está institucionalizado, está llena de criminales a todos los niveles. Esto es más que obvio.

    Enternece sin embargo la inocencia de muchos al pensar que “esto se le fue de las manos a EEUU” o de algunas mentes conspiro-paranoicas que juran y perjuran que esta situación lamentable no está en el guion. Un guion que no escribimos pero en el que nos escriben.

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