Nada más alejado de la realidad en lo que respecta a la inseguridad.
Las razones detrás del voto a favor de Hugo Chávez pueden ser variopintas, pero esto esconde el hecho de que antes, durante y después de la campaña presidencial, la mayor preocupación de los venezolanos es la inseguridad.
Es posible que exista un núcleo duro de desequilibrados que interpreta los alarmantes índices de secuestros y asesinatos como alguna forma perversa de lucha de clases que apunta hacia el fin de la historia u otro disparate marxista. Sin embargo, son una minoría: la mayoría, el ciudadano de a pie, no se regodea en la violencia ni se revuelca en la sangre derramada por cientos de víctimas por semana.
No es un tema que pertenezca «al gobierno» o «a la oposición»: a los venezolanos los matan por igual. El carné del partido PSUV sólo sirve para que te entierren con él.
La elección no es una validación directa de todas las acciones posteriores del gobierno. Nadie le dio carte blanche a Chávez para hacer lo que se le venga en gana. Se le ha legitimado como Presidente, lo cual implica (o debería implicar) liderar procesos de concertación con todos los sectores del país, para construir consensos y trazar direcciones de cara al futuro.
Por supuesto que todos conocemos el grave estado en el cual se encuentra nuestra democracia (o lo que queda de), el autoritarismo y el servilismo del Congreso y del Tribunal Supremo, entes que deberían funcionar como contrapeso al Ejecutivo. En Venezuela, el debate y el consenso han sido sustituidos por la ejecución, a través de la fuerza bruta y la arbitrariedad, de las ideas de una sola persona.
Sin embargo, cuando hablamos de la inseguridad, estamos hablando de un punto compartido por ambos bandos, por todos los venezolanos. Nadie votó para que lo mataran a tiros. Nadie votó para que lo secuestraran.
Por lo que sí votó la mayoría fue por una Constitución donde el Estado «garantiza el derecho a la vida» de los ciudadanos, en el preámbulo del texto.
Es por ello que es indignante e insultante aprender que, en el presupuesto de 2013:
-Se rebaja en 38,3% el presupuesto de seguridad interna y orden público;
-Se disminuye la partida para Administración de Justicia y Ministerio Público, de los Bs.13,48 millardos invertidos en 2012 a Bs.11,11 millardos en 2013;
-Se reduce la cantidad de funcionarios de la policía dependientes del Ministerio de Interior y de Justicia en 35,9%, de 8.803 policías en 2012 a 5.638 en 2013.
No existe justificación alguna para tal despropósito.
Políticamente hablando, la inseguridad en Venezuela podría erigirse en el puente que una a la población, de uno y otro bando. Puede ser la piedra fundacional para la construcción de una política post-chavista, post-oposicionista. Es el único destello de luz que aparece en medio de la política-para-la-muerte esbozada por el gobierno.