Las dos corrientes de pensamiento más relevantes en el ámbito conceptual de la violencia atribuyen este fenómeno por un lado a la pobreza y a la desigualdad y por el otro al debilitamiento de la institucionalidad o a la incapacidad real de aplicar las normas sociales.
Según el estudio del sociólogo Briceño-León titulado, La Comprensión de los Homicidios en América Latina: ¿Pobreza o Institucionalidad? que consiste en la medición y comparación de seis variables en Brasil, Colombia y Venezuela (pobreza, desigualdad, desempleo, riqueza nacional, desarrollo humano y gobierno de la ley), así como también en el uso de la técnica del análisis de trayectorias; se concluye que la pobreza y la desigualdad influyen en la criminalidad y en los homicidios, pero no de manera directa, sino mediadas por las instituciones.
Si bien Venezuela ya figura como uno de los países más violentos del mundo, las anteriores explicaciones sociales ofrecen un panorama aún más grave en el futuro próximo. Por una parte, las cifras sobre la pobreza y la desigualdad empeoraron considerablemente en el país, incluso según cifras oficiales del gobierno, y por otra, la impunidad en el país llega a cifras escandalosas. De acuerdo al informe del 2014 del Ministerio Público en Delitos Comunes se registraron 351.321 casos, de los cuales solo 5.426 fueron a juicio, en otras palabras, un 98,45% de impunidad.
Cabe agregar que el 61% de los venezolanos también considera la pérdida de valores como una de las principales causas de la inseguridad, según el reciente estudio realizado por el Observatorio del Delito Organizado (en adelante ODO), con la colaboración de la ONG Observatorio Venezolano de Violencia y el Laboratorio de Ciencias Sociales, que fue publicado en la web de la organización Insight Crime. No obstante, no deja de ser una apreciación subjetiva en un país conservador, donde el debate sobre drogas, prostitución, uniones civiles de homosexuales, aborto, entre otros; brillan por su ausencia. El discurso bélico, encendido, de lucha de clases en los últimos años; no ayuda tampoco a construir un territorio de paz.
En ese orden de ideas, hay que hacer referencia a la violencia que está inevitablemente vinculada a la lucha por el control del “otro” poder económico, ese que se robustece cada día más de las actividades de grupos irregulares dedicados al narcotráfico y actividades conexas. Miguel Rodríguez Torres aseguró cuando era el ministro de Interior, Justicia y Paz, que “76 de cada 100 homicidios que se registran en el país se producen durante enfrentamientos entre bandas de criminales o entre antisociales y cuerpos de seguridad” (El Nacional, 7 de septiembre 2014).
Hecha la observación anterior, la respuesta por décadas de los Estados ha sido continuar la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, una lucha que ha generado no solo más muertes que el consumo de todas las drogas juntas, sino que ha sido a la vez incapaz de eliminar o minimizar el tráfico, los cultivos ilícitos y el consumo en todo el continente americano. Lamentablemente, sesudos analistas insisten en el mismo remedio de hace décadas esperando resultados distintos. Vale la pena profundizar sobre este punto más adelante.
El hecho es que las exorbitantes sumas de dinero siguen circulando en una constante en los países productores, de transbordo y en los mercados finales. Esas actividades ilegales ni pasan desapercibidas ni pueden ser ignoradas, es más, se infiltran y afincan incluso en espacios relativamente nuevos y seguros como internet; lo que deja en evidencia no solo la ineficacia del “tratamiento” del problema, sino la falta de debate de propuestas y alternativas a los nuevos desafíos.
En ese orden de ideas, es de advertir que la pobreza, la desigualdad, la impunidad y la desconfianza en las instituciones pueden obligar o invitar a un gran número de personas a que consideren delinquir por necesidad y/o por ocupación para evitar situaciones precarias, a pesar de los riesgos, consecuencias y rechazo -por lo menos en teoría- de la comunidad. Según el estudio del ODO, el 75% de venezolanos ni aprobaría ni justificaría la participación en un grupo delictivo para salir de la pobreza.
A pesar de lo antes expuesto, el trabajo de investigación del ODO arroja otros resultados algo contradictorios, los cuales sugieren una “normalización” de los mercados ilegales en las comunidades, en otras palabras, una cercanía al delito. Ante la pregunta, ¿qué tan fácil es conseguir un arma de fuego? un 24% respondió “muy fácil” y un 18% contestó “fácil”, es decir, un 42% de los encuestados considera que armarse ilegalmente en el país es una labor relativamente sencilla. Hay que tener en cuenta que en el país, según los cálculos hechos por la Comisión Presidencial para el Desarme, “hay entre 1,2 y 1,5 millones de armas” (El Nacional, 17 de agosto 2014), así como también hay una ausencia de voluntad política para respetar las disposiciones sobre el marcaje de municiones (Bloomberg, Business, 13 de marzo 2015).
Asimismo, ante la interrogante, ¿qué tan fácil es conseguir marihuana o piedra o alguna otra droga en Venezuela? Un 31% de los consultados aseguró que conseguir marihuana o alguna otra droga es “muy fácil”, y otro 30% respondió que “fácil”. Solo un 26% contestó que no sabe cómo hacer. Los resultados no solo evidencian el fracaso de la prohibición, sino nos recuerda que el complejo problema del narcotráfico y sus actividades conexas nacen de la prohibición.
En ese orden de ideas, el mundo de la droga ofrece numerosos ejemplos de personas -sin importar su estrato social- que asumen el riesgo de involucrarse en actividades ilegales por el alto margen de ganancia. La frontera de lo legal e ilegal termina difuminándose en nuestros ojos, lo oculto de repente está a plena vista. Un ejemplo de la nueva ola de “visualización” es la nueva metodología de cálculo del Producto Interno Bruto de varios países del mundo, la cual incluye en sus análisis el notable aporte económico de las actividades relacionadas con el narcotráfico, la prostitución y las armas.
En ese sentido, es menester analizar y debatir las características sociales y la organización de los actores de la violencia, tomando en cuenta no solo al hampa común, sino también a la Policía, a las Fuerzas Armadas, instituciones bancarias y por supuesto a los políticos y/o gobernantes de turno, que ya están o han estado involucrados en escandalosas denuncias de narcotráfico, desde el Secretario General de la Unasur, Ernesto Samper hasta el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello. Es sumamente relevante estudiar la connivencia y convivencia de otros agentes sociales que directa o indirectamente intervienen en la economía de las drogas ilegales y por ende en el mundo de la violencia.
Existen numerosos trabajos audiovisuales ampliamente divulgados con la temática de la violencia y el mundo de las drogas en Venezuela, que dicen mucho sobre las contradicciones y errores del actual sistema: Por estas calles (Ibsen Martínez 1992), Valle de Balas (Desorden Público 1997), Secuestro Express (Jonathan Jakubowicz 2005), Abuso de Poder (Gabylonia 2012), Rotten Town (One Shot 2012), You and I (Fur Coat & Cari Golden 2012), Stop (Apache & Canserbero 2013), Just Chillin (Garcha 2013), Todo está muy normal (Desorden Público 2014). Lo que no se explica es por qué los contenidos de estos materiales audiovisuales son ignorados y minimizados por los políticos, a pesar de su considerable éxito en las calles y redes sociales.
No es casualidad que de acuerdo al reciente informe publicado por el ODO, se pudo evidenciar en el país “la estructuración y presencia de mercados ilegales, altamente relacionados con el Delito Organizado”, así como también se pudo constatar que “el gobierno contribuye con esta situación a través de la omisión, ineficiencia o hasta en la misma exageración en los controles de ciertos mercados (lo que a su vez fomenta los mercados paralelos)”. En otras palabras, dentro de estos mercados ilegales en el país, también rigen las tradicionales leyes del mercado, es decir, mientras exista la demanda, la oferta no desaparecerá.
Resulta oportuno destacar el aumento de manifestaciones a favor de la regulación de las llamadas drogas blandas en toda América Latina, incluyendo Venezuela, la cuales se distancian del enfoque convencional de prohibición, homogenización y criminalización impuesto por EE.UU. hace décadas. No obstante, en Uruguay ya muchos se plantean si la legalización de la marihuana para uso recreacional debilitará y minimizará la influencia del crimen organizado. Si bien es necesario reclasificar las sustancias con parámetros científicos, la liberación exclusiva de la marihuana no le arrebatará por sí sola el mercado negro al crimen organizado. Sin embargo, no deja de ser una iniciativa paradigmática.
En resumen, la violencia es un problema “multicausal” y los “esfuerzos” del gobierno chavomadurista han sido insuficientes y/o ineficaces, y por ende, en términos weberianos, el Estado está perdiendo el monopolio de la violencia, tomando en cuenta no solo el fracaso de los 22 planes de seguridad en los últimos 16 años, sino la pérdida de credibilidad ante la opinión pública debido a tantos escándalos de corrupción y narcotráfico en las altas esferas.
En conclusión, los modestos objetivos de este artículo no solo son el de resaltar la cercanía del venezolano al delito y la normalización de los mercados ilegales en el país, sino activar el necesario debate sobre las políticas antidrogas en Venezuela, y no exclusivamente para las elecciones parlamentarias de este año, sino también para la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas en abril del próximo año (UNGASS 2016). Sin embargo, es de advertir que propuestas o exigencias como “plomo al hampa”, “tolerancia cero” o “luz verde” para tratar este problema transnacional o simplemente para ajusticiar a los malandros, presuntos o reales en las zonas de impunidad; son peligrosas, retrogradas, ineficientes y tienen una gran carga económica, cuyos efectos serían desplazar el fenómeno de manera temporal y acabar con la disidencia de turno.
Harold Haftsadi Salazar Twitter: HaroldRHS
Ruego por los clavos de Cristo que la oposición lea este artículo primero que los chavistas.
La marihuana y el perico son más fáciles de conseguir que el acetaminofen!!!
El planteamiento ataca la causa del narcotráfico, sin embargo, en un país tan conservador como Venezuela, este tema no genera votos aun. Así que sigue cultivando ideas para un futuro no muy lejano.